En los contratos públicos de suministro de equipos tecnológicos es habitual que la empresa adjudicataria no realice directamente todas las tareas de mantenimiento. En muchas ocasiones, las reparaciones se llevan a cabo a través de servicios técnicos oficiales o de empresas colaboradoras que se desplazan a las instalaciones de la Administración cuando surge una incidencia.
Esta forma de organizar el servicio plantea una cuestión interesante cuando los pliegos exigen que la empresa adjudicataria, y en su caso la mantenedora, dispongan de certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Para analizarlo debemos acudir al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Su artículo 2.3 establece que el ENS también resulta aplicable a los sistemas de información de entidades privadas que, en virtud de una relación contractual, presten servicios o proporcionen soluciones al sector público.
Además, este precepto exige que los pliegos contemplen los requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información utilizados por los contratistas. Ahora bien, cuando se refiere a la cadena de suministro, introduce una precisión importante: «en la medida que sea necesario y de acuerdo con los resultados del correspondiente análisis de riesgos”.
De esta forma, la norma no obliga sin más a que cualquier empresa que colabore con una adjudicataria disponga de una certificación ENS independiente. Lo que exige es determinar qué sistemas y actividades intervienen en la prestación y qué medidas de seguridad resultan necesarias en función de los riesgos.
Conviene aclarar también que el ENS no es una certificación individual de los técnicos que acuden a reparar un equipo. La conformidad se acredita respecto de los sistemas de información incluidos en el alcance de la correspondiente declaración o certificación. Por ello, que una empresa esté certificada no significa que todas las actividades de cualquier tercero queden automáticamente cubiertas.
En la práctica, además, no es lo mismo realizar una operación de administración informática que una reparación puramente material. Por ejemplo, un técnico puede limitarse a sustituir una bandeja, un rodillo o una pieza mecánica de una impresora, mientras que otro puede acceder a su configuración de red, utilizar credenciales, actualizar el firmware o intervenir sobre información almacenada.
La segunda actuación puede implicar riesgos evidentes sobre los sistemas de información. La primera, aunque no tiene por qué estar completamente exenta de riesgos, puede desarrollarse sin acceso lógico a los sistemas ni tratamiento de información de la Administración.
A raíz de lo expuesto, ¿Qué ocurre si la empresa adjudicataria dispone de ENS, pero la reparación la efectúa un técnico contratado por otra empresa? ¿Debe esta última contar necesariamente con una certificación propia?
En este punto es interesante acudir al artículo 15.1 del propio Real Decreto 311/2022:
“Artículo 15. Gestión de personal.
1. El personal, propio o ajeno, relacionado con los sistemas de información sujetos a lo dispuesto en este real decreto, deberá ser formado e informado de sus deberes, obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad. Su actuación, que deberá ser supervisada para verificar que se siguen los procedimientos establecidos, aplicará las normas y procedimientos operativos de seguridad aprobados en el desempeño de sus cometidos.”
Por tanto, la normativa admite la intervención de personal externo. Lo relevante será determinar cómo se organiza el servicio, qué tareas realiza ese personal y quién controla los accesos y las actuaciones que se llevan a cabo.
En este sentido, resulta especialmente interesante la Resolución 151/2024, de 5 de noviembre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, relativa a un contrato de suministro y mantenimiento de equipos multifunción.
En el citado procedimiento se discutía, entre otras cuestiones, si la intervención de un servicio técnico oficial perteneciente a una empresa distinta de la adjudicataria constituía una subcontratación. También se cuestionó el cumplimiento de las exigencias de certificación ENS de la solución tecnológica ofertada.
Respecto del ENS, el Tribunal tuvo por acreditada la certificación de categoría media de la adjudicataria y desestimó ese motivo de impugnación. Sin embargo, para la cuestión que ahora nos interesa, resulta especialmente relevante lo que señala al analizar la intervención del servicio técnico.
El Tribunal recuerda que, para apreciar la existencia de una subcontratación, no es suficiente la distinta personalidad jurídica de quien interviene en la prestación: “no basta con que la mercantil que va a realizar parte de las prestaciones pueda ostentar formalmente una personalidad jurídica distinta a la de la empresa adjudicataria”
La resolución explica que debe examinarse también si esa entidad actúa fuera del poder de dirección y organización de la adjudicataria y si presta el servicio con sus propios medios y organización. En aquel caso, se consideró que el servicio técnico actuaba bajo las instrucciones de la empresa principal, por lo que no se apreció la subcontratación alegada.
Esto resulta relevante porque el simple hecho de que un técnico figure en la plantilla de otra empresa no permite concluir, por sí solo, que esa empresa esté prestando de forma autónoma el mantenimiento contratado.
Ahora bien, resolución analizada no declara que todos los servicios técnicos oficiales estén exentos de disponer de ENS propio. La cuestión de la subcontratación y la de la certificación de los sistemas de información son distintas y deben analizarse por separado.
De hecho, conviene poner esta doctrina en relación con la Resolución 71/2025, de 8 de mayo, del mismo Tribunal, que examina un supuesto especialmente próximo, también relativo al mantenimiento de equipos de impresión.
En esta ocasión, el pliego exigía expresamente certificación ENS tanto a la adjudicataria como a la empresa mantenedora. La licitadora aportó su propia certificación, pero no identificó suficientemente a las empresas que prestarían el servicio técnico ni acreditó que estuvieran integradas en su organización.
El Tribunal consideró decisivo que la licitadora: “la recurrente no ha aportado documentación alguna que acredite cuál es la relación laboral, mercantil y de otra índole entre el servicio técnico y la propia recurrente”.
Por ello, al no quedar demostrada la integración de los servicios técnicos en la organización de la adjudicataria, entendió que debía exigirse también la certificación ENS de las empresas mantenedoras, tal como establecía el pliego, y confirmó la exclusión.
Aunque el resultado de ambas resoluciones es diferente, las dos ponen de manifiesto la importancia de acreditar cómo se presta realmente el mantenimiento. No basta con afirmar que un servicio técnico es oficial de la marca o que sigue las instrucciones del fabricante; habrá que justificar su relación con la adjudicataria y las funciones que desarrolla.
También debe tenerse presente que los pliegos constituyen la “ley del contrato”. Si exigen de forma expresa que una empresa mantenedora disponga de certificación ENS, esa obligación no puede dejarse sin efecto por el mero hecho de que el servicio consista principalmente en reparaciones materiales. La discusión residirá en determinar si, conforme a la organización efectiva de la prestación, existe realmente una empresa mantenedora diferenciada a la que resulte aplicable esa exigencia.
En consecuencia, cuando intervengan técnicos externos convendrá comprobar si utilizan sistemas propios para gestionar incidencias, si acceden a los dispositivos de la Administración, si realizan configuraciones o actualizaciones y si las intervenciones están comprendidas en el alcance de la certificación de la adjudicataria.
No debe confundirse, además, la certificación ENS con la autorización que pueda exigir el fabricante para reparar sus equipos. Tampoco con la obligación de identificar previamente al personal que accede a los centros de trabajo. Son requisitos distintos y pueden exigirse de forma acumulada cuando así lo establezcan los pliegos.
En definitiva, la participación de un servicio técnico externo no determina automáticamente que deba disponer de una certificación ENS propia, pero tampoco basta con la certificación de la adjudicataria para entender cubiertas todas las actuaciones de terceros.
La respuesta dependerá del contenido del contrato, de la organización y dirección efectivas del mantenimiento, del alcance de los sistemas certificados y de los riesgos asociados a las tareas realizadas. Lo importante no es únicamente quién contrata laboralmente al técnico, sino qué hace, bajo qué condiciones interviene y qué exige el pliego.


